Los notarios creen que, en un entorno de crisis como el actual, existen medidas alternativas a la dación en pago que podrían contribuir en mayor medida a los problemas derivados de las ejecuciones hipotecarias evitando que el resultado final suponga la pérdida de la vivienda.
“La figura de la dación en pago obligatoria que se está reivindicando desde diversos sectores, tiene el inconveniente que conduce inexorablemente a la pérdida de vivienda. En general, los notarios somos más partidarios de soluciones novatitas, extrajudiciales, mediadoras que busquen alternativas y soluciones a la pérdida de la vivienda de las familias”.
Así de contundente se ha mostrado Joan Carles Ollé, vicepresidente del Consejo General del Notariado, en la inauguración de la cuarta sesión del Congreso Notarial Español este domingo en Benidorm, que celebra el 150 aniversario de la Ley del Notariado.
Ollé considera que hay, además, otras medidas que podrían implementarse y que mejorarían la posición del deudor. En su batería de propuestas incluye limitar los intereses de demora, que cree “claramente excesivos en estos momentos”, reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su opinión, mejorable en muchos aspectos, potenciar el procedimiento de ejecución extrajudicial para que sea más rápido, sencillo y económico, regular el concurso de particulares o, incluso, estudiar y promover una ley de segunda oportunidad, similar a la que ya tienen otros países como Bélgica, Alemania o Francia.
Pero las propuestas no se quedan ahí. El vicepresidente de los notarios estima que también son necesarias reformas legales que incrementen la seguridad jurídica en algunos campos específicos de la contratación del mercado de la vivienda. Su propuesta consiste en que, en la fase previa al otorgamiento de la escritura, de tratos preliminares y firma de documentos privados o de arras, el notario interviniera de alguna manera para proteger al comprador, ya que, en estos casos, los documentos suelen ser redactados por los asesores jurídicos de los grandes operadores, con lo que la situación de desequilibrio y riesgo para el consumidor se multiplica.
En su intervención, Ollé también ha abordado el ámbito del alquiler de viviendas. A su modo de ver, en la regulación actual de los contratos de arrendamiento hay una insuficiente seguridad jurídica, en este caso para los arrendadores que podrían ver muy reforzada su posición con una preceptiva intervención notarial que facilitase el desahucio en caso de impago de rentas.
Por último, este representante de los notarios ha lamentado la pérdida de presencia del notario en materia urbanística y administrativa en general. Según ha dicho, una intervención notarial en determinados ámbitos urbanísticos añadiría seguridad jurídica, con el valor añadido de un control de legalidad independiente y externo.
En la inauguración del Congreso, Joan Carles Ollé ha presumido de que nuestro sistema de seguridad jurídica ha funcionado perfectamente tanto durante los tiempos del boom económico, como ahora en plena crisis. “La presencia e intervención del notario, con el control de legalidad, independencia e imparcialidad que aporta hace imposible que aquí pueda suceder algo parecido a lo que ocurrió en Estados Unidos” en materia hipotecaria, ha sentenciado. Ollé recuerda que el sistema de seguridad jurídica estadounidense falló estrepitosamente, dando lugar a la crisis de las hipotecas subprime que ha contagiado a las economías de todo el mundo. “Es un sistema que no ofrece garantías jurídicas y que precisamente ahora se está reformando, ya que permitió muchos abusos y falsificaciones”, concluye.
Frente al sistema estadounidense, puesto en evidencia en la actual crisis económica, Ollé recuerda que nuestro sistema de seguridad jurídica ha funcionado perfectamente: “Nadie en España que haya comprado una vivienda ante notario, y podemos añadir que después haya acudido a recibir la protección que dispensa el registro, ha tenido ningún problema que haya perturbado su derecho de propiedad”.
Especialmente orgulloso de su colectivo se ha mostrado el presidente del Consejo General del Notariado, Manuel López Pardiñas, quien ha asegurado que el sistema notarial español se caracteriza por su “excelencia, eficiencia y valor económico”, siendo “más barato” que en los países de nuestro entorno. “Una función como la nuestra, que aporta seguridad jurídica a la sociedad española, es perfectamente capaz de dar respuesta a los retos del futuro de la economía española”, ha apuntado.
También ha intervenido Paula Sánchez de León, consejera de Presidencia y vicepresidenta de la Generalidad Valenciana, quien ha recordado que el notario es una figura imprescindible porque proporciona seguridad jurídica y sin ella no hay confianza. Ha recordado que a los notarios debemos desde la sociedad de gananciales hasta la letra de cambio.
