Las principales reformas legislativas que afectan a los abogados son la Justicia Gratuita, el mecanismo de segunda oportunidad, el nuevo Código Penal que introduce por primera vez la prisión permanente revisable y las futuras Ley Orgánica del Poder Judicial (aprobada por el Congreso el pasado miércoles), Ley de Enjuiciamiento Civil (que introduce novedades para alcanzar una Justicia digital en 2016) y Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, detalló, ante los representantes de los más de 24.000 abogados colegiados de Barcelona, las principales reformas legislativas que afectan a este colectivo como son la Justicia Gratuita, el mecanismo de segunda oportunidad, el nuevo Código Penal que introduce por primera vez la prisión permanente revisable y las futuras Ley Orgánica del Poder Judicial (aprobada por el Congreso el pasado miércoles), Ley de Enjuiciamiento Civil (que introduce novedades para alcanzar una Justicia digital en 2016) y Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Rafael Catalá ha defendido ante los representantes de la abogacía catalana el papel de estos profesionales como “colaboradores necesarios” en el reto compartido de mejorar la Justicia a través del diálogo. Como muestra de los frutos que puede dar este diálogo con el sector, el ministro ha recordado la decisión de derogar las tasas judiciales para todas las personas físicas en todos los órdenes e instancias o la apuesta firme por el mantenimiento de la actual demarcación y planta judicial desde la convicción de que, mediante la introducción de mejoras en el sistema de reparto de las cargas de trabajo, se materializa el principio de una Justicia accesible y al alcance de todos los ciudadanos.
Posteriormente, el ministro de Justicia se reunió con la Junta Directiva del Colegio de Notarios de Cataluña que le han expresado su satisfacción por las reformas emprendidas por el Ministerio y que afectan directamente a este colectivo.
Catalá ha destacado, en la sede del notariado barcelonés, el estricto examen de legalidad y de validez que comporta la intervención notarial en todos los actos jurídicos y su aporte fundamental a la seguridad jurídica de los mismos. Entre sus funciones de control, ha señalado la eficaz labor del notariado para detectar operaciones que han permitido mejorar la lucha contra el blanqueo de capitales y para identificar cláusulas abusivas que ocasionan perjuicios o indefensión de los consumidores.
Catalá ha repasado el refuerzo del papel que desempeña el notario dentro de la Administración de Justicia incluido en las distintas iniciativas desarrolladas por el Gobierno en esta legislatura. Así, tras la publicación en el BOE el pasado 3 de julio de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, los notarios reciben 42 nuevas competencias que hasta ahora eran exclusivas de los jueces, como la celebración de matrimonios (a partir del 23 de julio), la tramitación de expedientes matrimoniales (a partir de junio de 2017), las declaraciones de herederos abintestato (procedimiento judicial sobre la herencia de quien muere sin hacer testamento) cuando los herederos no son directos, las mediaciones concursales y las subastas notariales electrónicas.
La recién aprobada Ley Hipotecaria mejorará la coordinación de notarios y registradores con el Catastro al ofrecer una información más precisa y segura a los destinatarios.
También la Ley de Concesión de Nacionalidad a los sefardíes, publicada en el BOE el pasado 25 de junio y que entrará en vigor el próximo 1 de octubre, prevé un procedimiento de concesión electrónico en el que los notarios tendrán gran protagonismo durante la tramitación y el acto final de jura como nuevo ciudadano español. Además, el próximo 15 de octubre se pondrá en marcha un nuevo procedimiento electrónico de concesión de nacionalidad por residencia que prevé agilizar sustancialmente los trámites del proceso.
Catalá destacó la aprobación por el Senado el pasado martes 7 de julio del Proyecto de Ley de Medidas de Reforma Administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, que fija una fecha para la puesta en marcha del nuevo Registro Civil desjudicializado y permite la comunicación telemática de nacimientos y defunciones desde los centros sanitarios al Registro Civil correspondiente.
