Las principales reformas legislativas que afectan a los abogados son la Justicia Gratuita, el mecanismo de segunda oportunidad, el nuevo Código Penal que introduce por primera vez la prisión permanente revisable y las futuras Ley Orgánica del Poder Judicial (aprobada por el Congreso el pasado miércoles), Ley de Enjuiciamiento Civil (que introduce novedades para alcanzar una Justicia digital en 2016) y Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, detalló, ante los representantes de los más de 24.000 abogados colegiados de Barcelona, las principales reformas legislativas que afectan a este colectivo como son la Justicia Gratuita, el mecanismo de segunda oportunidad, el nuevo Código Penal que introduce por primera vez la prisión permanente revisable y las futuras Ley Orgánica del Poder Judicial (aprobada por el Congreso el pasado miércoles), Ley de Enjuiciamiento Civil (que introduce novedades para alcanzar una Justicia digital en 2016) y Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Rafael Catalá ha defendido ante los representantes de la abogacía catalana el papel de estos profesionales como “colaboradores necesarios” en el reto compartido de mejorar la Justicia a través del diálogo. Como muestra de los frutos que puede dar este diálogo con el sector, el ministro ha recordado la decisión de derogar las tasas judiciales para todas las personas físicas en todos los órdenes e instancias o la apuesta firme por el mantenimiento de la actual demarcación y planta judicial desde la convicción de que, mediante la introducción de mejoras en el sistema de reparto de las cargas de trabajo, se materializa el principio de una Justicia accesible y al alcance de todos los ciudadanos.

Posteriormente, el ministro de Justicia se reunió con la Junta Directiva del Colegio de Notarios de Cataluña que le han expresado su satisfacción por las reformas emprendidas por el Ministerio y que afectan directamente a este colectivo.

Catalá ha destacado, en la sede del notariado barcelonés, el estricto examen de legalidad y de validez que comporta la intervención notarial en todos los actos jurídicos y su aporte fundamental a la seguridad jurídica de los mismos. Entre sus funciones de control, ha señalado la eficaz labor del notariado para detectar operaciones que han permitido mejorar la lucha contra el blanqueo de capitales y para identificar cláusulas abusivas que ocasionan perjuicios o indefensión de los consumidores.

Catalá ha repasado el refuerzo del papel que desempeña el notario dentro de la Administración de Justicia incluido en las distintas iniciativas desarrolladas por el Gobierno en esta legislatura. Así, tras la publicación en el BOE el pasado 3 de julio de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, los notarios reciben 42 nuevas competencias que hasta ahora eran exclusivas de los jueces, como la celebración de matrimonios (a partir del 23 de julio), la tramitación de expedientes matrimoniales (a partir de junio de 2017), las declaraciones de herederos abintestato (procedimiento judicial sobre la herencia de quien muere sin hacer testamento) cuando los herederos no son directos, las mediaciones concursales y las subastas notariales electrónicas.

La recién aprobada Ley Hipotecaria mejorará la coordinación de notarios y registradores con el Catastro al ofrecer una información más precisa y segura a los destinatarios.

También la Ley de Concesión de Nacionalidad a los sefardíes, publicada en el BOE el pasado 25 de junio y que entrará en vigor el próximo 1 de octubre, prevé un procedimiento de concesión electrónico en el que los notarios tendrán gran protagonismo durante la tramitación y el acto final de jura como nuevo ciudadano español. Además, el próximo 15 de octubre se pondrá en marcha un nuevo procedimiento electrónico de concesión de nacionalidad por residencia que prevé agilizar sustancialmente los trámites del proceso.

Catalá destacó la aprobación por el Senado el pasado martes 7 de julio del Proyecto de Ley de Medidas de Reforma Administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, que fija una fecha para la puesta en marcha del nuevo Registro Civil desjudicializado y permite la comunicación telemática de nacimientos y defunciones desde los centros sanitarios al Registro Civil correspondiente.

El precio medio de la vivienda en España acumula una caída media del 19,3% desde el nivel máximo que alcanzó en el boom inmobiliario, en diciembre de 2007, según los datos de la tasadora Tinsa, que recordó que las caídas son aún mayores en las zonas más afectadas por la burbuja, la costa mediterránea, donde los precios han bajado ya un 27%.

Los datos de Tinsa, autora del 25% de las tasaciones de viviendas que se realizan en España, como los de otros agentes del mercado como Fotocasa, que elabora una estadística inmobiliaria con el IESE, parecen empeñados en contradecir la opinión de los expertos internacionales como el FMI (que augura descensos adicionales de precios del 40%) o el semanario británico The Economist (que cree que los precios deberían caer aún un 43%). Así, según Tinsa, los precios se están estabilizando tras las fuertes caídas de los últimos meses de forma que el índice, que la firma elabora desde enero del 2001, subió incluso ligeramente en marzo.

Raúl García, director comercial de Tinsa, reconoció que los precios de la vivienda pueden seguir bajando en los próximos meses, impulsados por el aumento de los tipos de interés, y por otros factores como la falta de confianza del consumidor, los altos niveles de desempleo, o la incertidumbre regulatoria. Con todo, no consideró posibles en el mercado español descensos como los que prevén The Economist o el FMI.

«El mercado inmobiliario español es muy diferente del de otros países como Reino Unido o Estados Unidos, que se utilizan como referencia en esos estudios, porque tiene casi un 90% de vivienda en propiedad mientras que allí hay una parte muy importante de alquiler. En esos países la vivienda se comporta como un bien de inversión, en el que el precio de venta es muy elástico en función de la rentabilidad que ofrece el alquiler sobre el capital invertido, mientras que en España la compra por inversión es casi marginal», señaló García.

Así, el directivo de Tinsa recordó que el año pasado se vendieron en España unas 500.000 viviendas, entre nuevas y de segunda mano, un nivel de transacciones similar al de los años 1999, 2000 y 2001 «cuando no se creía en absoluto que el sector inmobiliario español estuviera en crisis». Esta cifra, sin embargo, se dobló en los años del boom.

García recordó también que incluso la compra como inversión ha vuelto a ganar interés con la caída de precios. «Ya hay oportunidades en el mercado de comprar viviendas que den una rentabilidad por alquiler superior al 3,5%, que muchos inversores consideran atractiva», aseguró. A su juicio, la incertidumbre sobre cambios regulatorios, dentro del ajuste presupuestario del estado frena un aumento de las adquisiciones por inversiones.

El ajuste, recordó el experto de Tinsa, ha sido además especialmente intenso en las zonas más afectadas por la burbuja, como la Costa Mediterránea, donde se concentran las segundas residencias (27% de caída) y en las capitales y áreas metropolitanas (alrededor del 21%). Según el índice inmobiliario de Tinsa, el precio medio de la vivienda en marzo era un 3,7% más barato que en marzo del 2010, y ha suavizado su caída desde enero, cuando la caída interanual era del 5%, aunque puede acusar a medio plazo el efecto de la subida de los tipos.

La tendencia a la estabilización del índice de Tinsa coincide con los estudios realizados por otras firmas, como el de IESE con Fotocasa. Este estudio, que analiza solo el mercado de segunda mano, señala que el precio de la vivienda acumula en España 41 meses de bajada desde los máximos (que en Madrid y Euskadi se alcanzaron a finales de 2006 y en Catalunya en diciembre del 2007), con una caída media del 24,5%. En tres provincias (Lugo, Palencia y Jaén), sin embargo, los precios han vuelto a repuntar y son ahora más altos que hace un año (un 7,3%, 2,3% y un 0,6% respectivamente), un fenómeno que se da también en un 7% de los municipios españoles, liderados por Estepona y Torrox, en Málaga, con alzas del 7,4% y el 6,6% respectivamente, y Ciempozuelos (Madrid) con un 2,9%.